Cumplimiento preventivo ante las nuevas políticas de Estados Unidos.

Por: Esteban Capella Ibarra

Abogado Corporativo y Asesor en seguridad jurídica y patrimonial

En los últimos meses, Estados Unidos ha endurecido sus políticas de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y México, por su cercanía y constante intercambio comercial, no está exento de las consecuencias. La reciente tendencia del gobierno estadounidense de vincular a organizaciones delictivas con actividades de terrorismo internacional ha generado una nueva presión sobre las empresas mexicanas, especialmente aquellas que mantienen relaciones comerciales o financieras con socios del otro lado de la frontera.

Hoy más que nunca, el empresario mexicano debe entender que el cumplimiento normativo ya no es una opción secundaria o un lujo reservado a grandes corporativos, sino una estrategia esencial para garantizar la supervivencia legal y reputacional de su empresa.

¿Qué deben hacer las empresas en México para protegerse?

Primero, implementar un programa de cumplimiento robusto, con políticas claras para la identificación de clientes y proveedores (KYC), así como procedimientos internos para reportar operaciones inusuales. La figura del Oficial de Cumplimiento ya no debe ser exclusiva de las instituciones financieras; debe formar parte del equipo estratégico de cualquier empresa que aspire a operar con integridad y seguridad jurídica.

Segundo, cumplir cabalmente con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esto implica identificar actividades vulnerables, presentar los avisos correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera y, sobre todo, mantener un monitoreo constante de las operaciones y relaciones comerciales.

Tercero, capacitar constantemente al personal sobre prevención de lavado de dinero y riesgos legales internacionales. Un empleado mal informado puede ser el punto débil que comprometa toda la operación de la empresa.

Cuarto, revisar todos los contratos y vínculos con terceros. Hoy, el riesgo reputacional es tan alto que una relación comercial mal gestionada puede terminar en bloqueos de cuentas, inclusión en listas negras o incluso sanciones por parte de autoridades extranjeras.

El cumplimiento ya no es solo legal: es estratégico.

Las empresas que se anticipen y adopten una cultura de legalidad y prevención tendrán una ventaja competitiva real. En cambio, quienes minimicen estos riesgos podrían enfrentarse no solo a sanciones económicas, sino a la pérdida de confianza de sus clientes, proveedores e inversionistas.

Estamos en un nuevo entorno legal, donde la integridad, la transparencia y la prevención son la mejor inversión.